El problema valenciano

05 de enero de 2012

Es curioso las paradojas que nos trae la ciencia probabilística a las noticias políticas de nuestro país. Probablemente haya sido éste, el azar, quién sabe, quién haya puesto de moda a la Comunidad Valenciana en estos últimos días. Por un lado, el ex-presidente Camps está declarando por el asunto de sus trajes que tanto confirmaba que se pagaba él mismo y por otro, lo que ocurrió anteayer. La Generalitat se ha visto obligada a recurrir a la ayuda de Papá-Estado para poder cubrir un vencimiento de deuda de 123 millones con el Deutsche Bank.

Había una manifestación previa de esta crisis de liquidez: el lanzamiento de 1.800 millones en bonos y sólo colocados 1.058. Normal, teniendo en cuenta la pésima calificación de rating que tiene la comunidad autónoma más endeudada de España (19,9% de su PIB).

El grave problema de tesorería que afronta el sucesor de Camps, Alberto Fabra, no es de naturaleza muy distinta al de sus colegas. La diferencia es de volumen y de tiempo (al encararlo). La lentitud, como muy bien ustedes saben, se paga muy caro en finanzas, porque no hace más que hacer más grande la bola de nieve con la que se corre colina abajo.

Las farmacias ya tienen impagos y los sueldos de los funcionarios están al borde del colapso. Diez días después de aprobar los presupuestos para 2012, aumentaron los recortes 1.000 milloncejos más. La culpa, esta vez, no pueden echarla a una supuesta herencia presupuestaria fatal, pues coinciden heredante y heredado. Sólo les queda echársela a la previsible coyuntura económica, que alumbra la secuencia lógica según la cual, a menos ingresos e igual o mayor gasto, corresponde mayor déficit.

Por eso no es ajeno -o por infortunio del azar- que la Generalitat esté de moda, porque la mala gestión (inversiones disparatadas -como el aeropuerto de Alicante-, las entidades financieras tóxicas cuyas sedes han emigrado -Bancaja- y algo más), y la presunta corrupción que se enjuicia, son -siempre probablemente-, incompatibles con el buen manejo del erario público.

El gobierno de Fabra minimizó, como no podía ser menos, el alcance de las operaciones, argumentando que eran de trámite. Perdónenme que humildemente les diga que la excusa flojea. Si el Gobierno debió acudir en socorro de Fabra por una operación de 123 millones, era porque la Generalitat no podía responder por una deuda tan escasa, porque apenas puede nada. Y su margen se estrecha.

Ojalá no fuera así, pues la calidad de su gestión y el valor de su deuda -casi bono basura como ya les he dicho- no estarían en entredicho, para alegría de todos los españoles, garantes internacionales de cualquier error interno. Por eso conviene instaurar un sistema mancomunado de control (alerta y corrección) de los presupuestos autonómicos similar al europeo, como avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Cuenta con cobertura para ello: una sentencia del Constitucional del 20 de julio pasado, a raíz de un recurso del Parlamento de Cataluña contra la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y otra norma complementaria, que avala que el Estado pueda imponer límites al gasto público de todas las Administraciones públicas.

Por eso, en estas y otras cosas, no hay nada que pueda dejarse al azar.