Hay una forma infalible de acabar con el déficit en cinco minutos. Basta aprobar una ley que diga que cada vez que el déficit supere el 3 por ciento del producto interior bruto todos los miembros del congreso queden automáticamente excluidos de poder volver a presentarse para ser elegidos.
Parece claro que, en los tiempos que corren, gobiernos tanto locales como autonómicos y centrales, están obsesionados por una palabra que retumba en sus culpables conciencias como un mal que hay que exterminar de inmediato: "déficit, déficit, déficit". Esa palabra que aparece actualmente en todos los telediarios en boca de políticos y que hasta hace unos años uno recién incorporado al sistema público aún siquiera había oído hablar.
La fórmula, claro está, para paliar ese mal es muy distinta, pero no es el propósito nuestro comentar cuál debiera ser (más que nada, porque no consiste en jugar a ser asesor del señor De Guindos), ni valorar si es adecuada o no. El propósito que le cuento yo ahora a ustedes será, únicamente, explicar de forma muy básica el (posible) por qué de esas decisiones.
Parece que existe un pensamiento común entre las decisiones de los ejecutivos de las autonomías y del gobierno central: la idea de que el déficit es algo horrible si su cuantía se excede y que hay que recortar por donde sea (incluso por donde antes ni siquiera se planteaba), para sanearlo. Incluso donde en campaña electoral se prometía y re-prometía que era algo terrible. Para contribuir a ese saneamiento, existen tres fórmulas:
-Ingresar más, a través de obtener mayores recursos.
-Gastar menos, a través de recortes y tijeretazos de Gasto Público.
-O bien una mezcla de ambas, que es lo más usual.
Puestos a ello, y centrándonos por lógica en las dos primeras fórmulas, expliquemos sencillamente su quid.
Pues bien, parece que se ha difundido una norma general entre los políticos, un rumor o una lectura que leerían en alguna revista de algún "gurú" famoso, o se lo hayan mandado de Europa, o se haya visto en un documental histórico, no es el caso, que viene a decir que si subes los impuestos en determinados productos, la recaudación es mayor. Tampoco es propósito nuestro estudiar si esto es, en última instancia, cierto o no.
Lo que sí sabemos es que los productos con curva de demanda inelástica, la mayor o menor subida de sus precios no afecta gradualmente más (o menos) a dicha demanda. Esto es porque, a pesar de que se modifique el precio, el bien o servicio se ha de seguir demandando por los consumidores en su quehacer cotidiano. Pensemos por un instante en la subida de la gasolina, que ya es un hecho en Aragón.
Si sube la gasolina, ciertas personas preferirán coger el transporte público, la bicicleta o directamente preferirán ir andando que coger su coche para desplazarse. Pero piensen en otros sectores, en otra parte de la población. Piensen en los transportistas, taxistas, camioneros, furgoneteros y demás empresas, como las de reparto urgente, así como cualquier medio que use el hidrocarburo de cualquier tipo para desplazarse: aviones, barcos a motor, etc. Ellos han de seguir funcionando sí o sí, al menos hasta que la subida del precio no les ahogue, para que puedan funcionar en sus respectivos objetivos empresariales y existir en el mercado. El taxista no puede trabajar sin su taxi, al igual que el camionero no lo puede hacer sin su camión y el repartidor sin su furgoneta. Ésta es la idea que más se promueve entre los círculos más altos de la esfera política y que, en reiteradas ocasiones, ha traído tan de cabeza a muchos gobiernos. No hay más que recordar las huelgas de camioneros en la frontera francesa hace cuatro años o los habidos en 2003 con los transportistas. Por ello, la subida de este impuesto indirecto específico repercute de manera rápida y directa sobre una demanda que, como hemos aprendido, es inelástica.
Lo mismo ocurre con las tasas al alcohol y al tabaco, también mencionadas en las noticias. Vuelvan a pensar, esta vez en un fumador, y piensen lo difícil que resulta dejar de fumar para él. Los políticos lo saben, y saben de la dificultad que entraña dejar tan nociva sustancia. Una sustancia que, -como también saben los políticos o han oído de otros-, eliminaría buena parte de los problemas sanitarios y económicos del país, pues el tratamiento y cura de esta enfermedad entraña también un elevado coste para la sanidad pública. Como es difícil que el fumador deje de comprar cajetillas de cigarros, la subida del precio ayuda a que lo deje, pues pesa cada vez más a sus arcas privadas y cada cigarro que encienda tendrá dos posibles consecuencias, ambas positivas para la recaudación estatal: una, que el fumador deje de fumar y, aunque no contribuya al pagar el impuesto de la cajetilla, no tendrá que acudir a la sanidad pública para curarse de las múltiples consecuencias dañinas de la nicotina. Segunda, que siga fumando, por lo que cada nueva cajetilla reporte más a las arcas públicas.
En todo caso, y de manera general, el establecimiento de un impuesto indirecto provoca una pérdida de bienestar, palpable para ofertante y demandante.
Trabajemos ahora la parte de "Gastar menos".
Vamos a mencionar, primeramente, la incidencia de una subvención a un bien o servicio. En ocasiones, las páginas webs de las instituciones ofrecen un completo desglose por nivel de administración (federal/central, estatal y local). En otras, la mayoría a nuestro juicio, no es así. Es raro encontrarse un desglose en el que se combine el nivel industrial y estatal. Encontrarse con casos como la de las ayudas económicas a colegios elitistas de Cataluña, impacta más cuando se conoce que cuando se comprende. Probablemente, conocer que existen ayudas a colegios privados en el que sólo pueden acceder niños que cuentan con unos padres de elevado patrimonio, causa rechazo y amargor político. Comprender el por qué de otorgar esas ayudas es otra cuestión. También podíamos achacar a la ciencia probabilística el argumento que reza: "quizá ellos no les haga tanta falta como a otros niños". Es juicio del lector conceder la razón a una u otra.
En todo caso, no recibir la subvención que antes sí recibías incide en el mercado, determinando en la mayoría de los casos una acción para suplir la no-recepción de esa ayuda. Si antes cubrías todo o parte de tu bien o servicio con monto público, al no recibirlo se ha de suplir, bien por la vía de repercutir el precio al consumidor, bien de no prestar el mismo servicio (se puede decidir no prestar el servicio, pero también se puede ofrecer una merma en la calidad), dicha carencia, con lo que el impacto es en ocasiones muy profundo.
Por último, las exenciones, tan bienvenidas y necesarias a veces, tan aleatorias e injustas en otras, también comprenden una alteración en el mercado en el que se percibían, pues es un dinero que va a dejar de percibirse o, en este caso, no se podrá descontar de una declaración.
En resumen, leer en estos tiempos la prensa diaria y poder compararla con lo que estudié en su día en clase es, después de tantos años, hasta reconfortante desde el punto de vista del alumno. La incidencia y el papel de los gobiernos en los mercados, la alteración de los precios y la respuesta de los demandantes y oferentes a ello es, sin duda alguna, recordar la magnitud e importancia de la microeconomía. Conocer cómo funciona y cuál es el propósito de cada una de las acciones que desde el poder estatal se han de tomar, ayuda a comprender el sistema y otorga más claridad al, -ya de por sí-, complejo mecanismo de funcionamiento en el que estamos instalados. Estar preparados nos ayuda a ser críticos y, en ocasiones y por qué no, un poco escépticos.
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